El 12 de julio, se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, los abogados y abogadas, prestan asistencia jurídica gratuita, a fin de garantizar el derecho fundamental previsto en el artículo 24 de la Constitución Española, servicio que tiene que sufragar en Galicia la administración autonómica y que gestionan los Colegios de la Abogacía.

En el año 2023 en el Ilustre Colexio provincial da Avogacía de Pontevedra se tramitaron 10.768 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita.
 
Se atendió presencialmente en el Colegio en el servicio de orientación jurídica a 3085 personas.
 
El turno de Guardia de asistencia a detenidos (24 horas 365 días al año): ha sido cubierto por 377 letrados en los distintos partidos judiciales de la provincia de Pontevedra, (exceptuando Vigo y Redondela). Se realizaron 5089 asistencias a detenidos.
 
El turno de Guardia de asistencia a víctimas de violencia de género (24 horas 365 días al año): ha sido realizado por 258 letrados en los distintos partidos judiciales del Colegio. Se hicieron 774 asistencias a víctimas de violencia de género.
 
En el turno Penal: integrado por 415 letrados. Se realizaron 1195 designaciones de abogado de oficio.
 

En el turno Civil: integrado por 444 letrados. Se realizaron 2896 designaciones de abogado de oficio.
 
En el turno Laboral: integrado por 180 letrados. Se realizaron 260 designaciones de abogado de oficio.
 
Y en el turno Contencioso-administrativo: integrado por 197 letrados. Se realizaron 151 designaciones de abogado de oficio.Este servicio se presta por la abogacía pontevedresa con un alto nivel de responsabilidad, preparación jurídica e involucración personal, el porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio supera cada año el 80 % (ya les gustaría a muchos servicios públicos obtener esa valoración). Sin embargo la abogacía de oficio presta este servicio en condiciones muy mejorables, por ello desde la abogacía se realizan diversas reivindicaciones, algunas de contenido económico, (el abono de la totalidad de las actuaciones realizadas, la disponibilidad en las guardias, los desplazamientos a los centros de detención, la subida del baremo actual), otras son de mayor calado y precisan que la ley de justicia gratuita de 1996 se modifique, actualmente el anteproyecto de ley de justicia pública gratuita está en fase de consulta pública.

Lo que nos lleva a concluir que este servicio se sustenta gracias a la  buena voluntad y a la  profesionalidad de la abogacía y de los colegios profesionales, pero no a la inversión y atención de CCAA ni del Estado que son los que realmente deben asumir la responsabilidad al tratarse de un servicio público.

Gema Rial Rodríguez, Decana del Ilustre Colexio Provincial da Avogacía de Pontevedra