Posición de la Abogacía Española respecto de la habilitación del mes de agosto

Como estarás al corriente del malestar que produjo unas recientes declaraciones del Ministro de Justicia publicadas en el Diario de Cádiz el 20 de agosto, en las que afirmaba en relación a la habilitación de días de agosto a efectos procesales, que la misma era “una decisión adoptada por todos por unanimidad”, la Comisión Permanente del CGAE acordó el pasado viernes, 21 de agosto, dirigirle una carta expresándole el malestar por las inexactitud de dicha afirmación, puesto que la Abogacía Española, a través de su Consejo General, siempre ha mostrado su frontal rechazo a dicha habilitación, tanto total como parcialmente, proponiendo como solución más eficaz la concentración del periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en el mes de agosto, a salvo siempre las actuaciones urgentes, como así consta tanto en los diferentes documentos remitidos desde el CGAE al Ministerio de Justicia y al Congreso de los Diputados durante la crisis Covid, cuyo resumen se adjunta en este enlace.

De igual modo, también se ha transmitido al Ministro nuestro malestar por el incumplimiento que se viene produciendo de la recomendación efectuada por el CGPJ de limitar las vistas en agosto y comunicar los señalamientos antes del 15 de junio, lo que vulnera el más elemental derecho al descanso, a la conciliación y a la desconexión que asiste a los profesionales de la Abogacía y de la Procura.

Igualmente, se ha trasladado al Ministro, a la vista de las propuestas legislativas que se vienen conociendo en relación a los posibles modelos de reorganización y funcionamiento de la justicia a consecuencia de la pandemia, nuestra preocupación ante determinadas medidas que para ir dirigidas a prescindir de la presencia de la Abogacía en Juzgados y Tribunales, como parece subyacer en propuestas tales como el establecimiento de sistemas no presenciales de atención a los profesionales, el mecanismo de la cita previa para acudir a las sedes judiciales o la generalización indiscriminada de la telematización de las actuaciones procesales.