NOTA DE PRENSA – PROYECTO DE LEY DE TASAS JUDICIALES

La Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra celebrada ayer, 25 de septiembre, muestra su rechazo frontal al Proyecto de Ley de Tasas Judiciales que el Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados y que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria.

Este proyecto se justifica por el Gobierno con la finalidad de asegurar el sostenimiento los gastos de la Justicia Gratuita. Sin embargo, la Justicia Gratuita apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia, afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos y no desde tasas especiales. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que perjudica a quienes tienen menos medios económicos.

Para la Abogacía no es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta.

Además, como bien ha señalado el presidente de la Abogacía Española, se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza.

El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, y a ello nos ofrecemos constantemente los Abogados, pero no debería ser presentado como excesivo. No lo es porque apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y porque afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales.

El régimen propuesto por el Gobierno amplía el ámbito subjetivo de abono de tasas, al afectar a personas tanto físicas como jurídicas y sólo se exonera a las personas que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar, aunque no totalmente, puesto que el propio Gobierno está preparando el proyecto de ley de modificación de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita, que solo exonera del pago del 80 por ciento de la tasa judicial a los beneficiarios de justicia gratuita. Además, el hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como la interposición de los recursos de apelación y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

También se pone como pretexto por el Gobierno tratar de evitar la litigiosidad. Sin embargo, la forma de evitar ésta, no es poner barreras en forma de tasas para acceder a la Justicia. Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos. Desconoce el Gobierno y quienes defienden las tasas como medio de impedir el acceso a los tribunales que casi el 50% de los conflictos no se judicializan, pues se solucionan en los despachos de los abogados.

Las tasas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen una regresión a una ley preconstitucional del año 1959, y a diferencia de los depósitos, que se reintegran en caso de una resolución favorable, las tasas se pagan se gane o se pierda el pleito, no se devuelve se gane o se  pierda, solo se recupera cuando se gana con costas y en muchos casos ni siquiera se recuperará.

Los ciudadanos deben saber que en un procedimiento monitorio, que es aquel en el que con una factura emitida puede plantearse una reclamación contra un deudor sin necesidad de recurrir a un abogado ni a un procurador, van a tener que pagar una tasa de 100 euros, cuando muchas de estas reclamaciones las realizan pequeños empresarios o profesionales por escasas cuantías, de modo que no les compensaría presentarla. Más aún: si una Comunidad de vecinos pretende reclamar el pago de las cuotas a un copropietario por tres mil euros, deberá abonar 115 € de tasa para interponer la demanda, y si pretende recurrir, la cantidad se eleva a 815 €. Y aun cuando en apelación se le diera la razón, la Comunidad de propietarios deduciría a los tres mil euros las tasas por importe de 930 €, por lo que solo recuperaría 2070 euros. ¡Insólito!

Estas tasas se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el penal; en materias tradicionalmente exentas de coste, como el social, se impone una tasa de 500 € para recurrir al Tribunal Superior. En los procesos civiles con una cuantía superior a 6.000 € la tasa es de 300 € más un 0’5% sobre el importe de la cuantía, y en caso de tener que recurrir, otros 800 € más, además del mencionado porcentaje. ¡Un despropósito!

Y no hablemos de acceder al Tribunal Supremo, donde el peaje cuesta 1.200 euros más el 0,5 por ciento más, algo totalmente alejado de la realidad si se tiene en cuenta que solo se puede acudir al Supremo, después de la última reforma procesal aprobada, si el asunto supera los 600.000 euros de cuantía. La Justicia se aleja peligrosamente de los ciudadanos medios y de las clases más desfavorecidas.

La Junta de Gobierno del Colegio Provincial estudia adoptar nuevas medidas para mostrar su rechazo a los responsables públicos y conseguir que dicho proyecto no sea aprobado. Además propondrá al Consello da Avogacía Galega la adopción de una postura enérgica y activa de rechazo a este proyecto que limitará de forma manifiesta el acceso a la Justicia de la mayor parte de la población. Un nuevo peaje de todo punto innecesario y discriminatorio que solo persigue recaudar y apartar a los ciudadanos de clase más modesta del ejercicio de sus derechos. ¿Quién recurrirá una multa de tráfico de 200 euros, por ejemplo, si tiene que pagar una tasa de 101 euros? ¿quién recurrirá una sentencia a la Audiencia Provincial si tiene que abonar una tasa de más de 800 euros? Su aprobación pondría en riesgo derechos del Estado social y democrático de Derecho que se han ido conquistando por los españoles desde la aprobación de la Constitución de 1978.

JUNTA DE GOBIERNO

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Colegio AbogadosInformación publicada por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra.Ver todos los articulos por Colegio Abogados →

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